La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha presentado su recurso de alzada contra la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias. El documento, que se ha entregado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, recoge que esta medida, que constituye una nueva penalización para la ciudadanía y los colectivos más vulnerables, supondrá más costes que beneficios económicos y pone en riesgo la salud de los pacientes, quienes podrían renunciar a sus tratamientos por no poder hacer frente al pago del mismo establecido por el Gobierno central.
La medida del Ministerio afectaría a unos 90.000 andaluces que, según la Junta, "ya están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012". La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha reiterado que "no pueden medirse en la misma balanza costes económicos y salud" y que esta medida representará "un obstáculo" para que los pacientes con rentas más bajas puedan asumirlo, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes.
Andalucía volverá a pedir la retirada de la medida en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial, bajo los argumentos de que generará más costes que beneficios, puesto que para aplicarlo habría que adaptar todos los sistemas informáticos actuales y establecer un nuevo protocolo de trabajo.
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