En Andalucía existen más de 190.000 personas beneficiarias de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz. Uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, es decir, el 51% del total nacional.
Estos han sido alguno de los datos ofrecidos hoy en la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento andaluz por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que ha hecho un repaso por la aplicación de la Ley en la comunidad andaluza, donde --según ha explicado— “se está trabajando más que nunca” para que la crisis económica y las medidas adoptadas desde el Ejecutivo central tengan el menor impacto posible en la atención que recibe este colectivo.
Montero ha denunciado que las decisiones que ha tomado el Gobierno central en relación a la Ley suponen en la práctica una “derogación velada” de la propia norma, al tiempo que ha considerado que la administración estatal “se está extralimitando en sus competencias e invadiendo las de las comunidades autónomas” en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.
La titular de Salud y Bienestar Social ha hecho hincapié en la imposición de “nuevas trabas” por parte del Gobierno central para la aplicación de la Ley debido a una “burocratización del proceso” a través de la obligatoriedad que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, que hasta ahora no se exigían.
En esta línea, la responsable autonómica ha hablado incluso de que el Gobierno de España llega a “quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones” al exigir nuevas certificaciones a las comunidades autónomas que –ha advertido—“pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente”.
“Pese a la compleja situación económica y a las medidas adversas desde el Gobierno de España, el sistema en Andalucía funciona y sigue siendo una prioridad”, ha defendido Montero, para quien “las políticas impulsadas en poco más de un año por el Gobierno del PP, con la crisis como coartada, están poniendo en peligro el modelo”.
La consejera ha reconocido que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central están provocando, en la práctica, la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, “no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados por la Administración estatal, que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema”, ha explicado.
Además, ha precisado que el ritmo que se impuso en Andalucía en los primeros años de desarrollo de la Ley fue “vertiginoso” por el gran número de personas que hasta entonces no tenían reconocido este derecho y lo solicitaron. No obstante, ha añadido que después de varios años de desarrollo de la Ley, actualmente las cifras se están estabilizando, si bien ha subrayado que “a pesar de ello, no hay ninguna comunidad autónoma que, ni de lejos, llegue a equipararse con el nivel de desarrollo de la Ley en Andalucía”.
Andalucía, referente en la Ley
Al respecto, ha recordado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y ha multiplicado por 7 la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. Actualmente, Andalucía cuenta con 190.100 personas beneficiarias, lo que supone el 25% del total con derecho a prestación en España. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.
Asimismo, 177.000 andaluces y andaluzas reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40% del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.
Montero ha subrayado igualmente que Andalucía suma actualmente casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas, al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes).
Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón.
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