La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha denunciado que el Gobierno central se está retirando de todas las políticas sociales y ha puesto como ejemplo de ello los recortes por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy al Plan Concertado, a través del que se financian los servicios sociales comunitarios, y a la Ley de la Dependencia. A juicio de Montero, cada medida adoptada por la Administración central en esta materia pone de manifiesto una destrucción paulatina del Estado del Bienestar.
En rueda de prensa en Sevilla previa a la celebración en Madrid del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Montero ha apuntado en relación a la aportación estatal en el marco del Plan Concertado, que desciende de los 17.019.551,57 euros correspondientes a 2011, a los 5,3 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2013 por este concepto para la comunidad andaluza, lo que representa una reducción del 68,31% en dos años. De este modo, el Gobierno central recorta este año dos de cada tres euros que las entidades locales recibían en 2011 para la financiación de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado.
Así, el Gobierno de España a pasado de cofinanciar en un 44% este plan en el año 2000 a aportar únicamente el 14% del conjunto del mismo, dejando todo el peso de este instrumento esencial para los servicios sociales comunitarios en la comunidad autónoma, que es la que sustenta en la actualidad el Plan Concertado, ya que asume el 86% del total.
Montero ha denunciado la falta de compromiso del Ejecutivo central con las políticas sociales y, muy concretamente, con las corporaciones locales a través de dicho plan, que se creó como instrumento para la cooperación económica y técnica entre administraciones para financiar conjuntamente los servicios sociales municipales, de manera que se garantizaran unas prestaciones mínimas.
Frente a ello, según ha manifestado Montero la Junta de Andalucía ha mantenido en 2012 su esfuerzo para garantizar estos servicios, destinando al Plan Concertado 42,4 millones de euros, mientras que el Gobierno central destinó a dicho plan en la comunidad autónoma andaluza 9,2 millones euros el pasado año, una proporción de aportaciones que pone a las claras, según la titular de Salud y Bienestar Social “la situación insostenible de abandono por parte del Estado” tanto a Andalucía como a los ayuntamientos andaluces. Ante ello, Montero ha añdido que la Junta, entre 2004 y 2011, incrementó en un 35% su aportación al Plan Concertado.
Montero ha destacado la importancia que la Junta concede a la cooperación con las entidades locales en el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios, de acceso universal y que representan el primer nivel de actuación en la atención social. En este sentido, ha subrayado que el número de personas que trabajan en Servicios Sociales Comunitarios fue de 27.146 en 2010 (último año evaluado), sin computar los trabajadores con cargo a los recursos de refuerzo para atender a las personas en situación de dependencia (con los que ascendieron a 27.886). Asimismo, ha apuntado que en 2010 se atendieron en la comunidad autónoma andaluza a 1.022.882 personas, según los datos facilitados por las propias entidades locales.
Catálogo de Referencia de Servicios Sociales
Asimismo, la consejera de Salud y Bienestar Social ha llamado la atención sobre la definición de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, un asunto que también se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebrará hoy en Madrid. Tras valorar la iniciativa como necesaria e interesante, Montero se ha preguntado “de qué servirá este instrumento, con vocación integradora y solidaria, si la cartera de servicios y prestaciones que recoja difícilmente va a estar operativa, o a duras penas, por falta de financiación del Estado”.
En esta línea, la titular andaluza de Bienestar Social ha apuntado que la propuesta para elaborar este catálogo reconoce, precisamente, en su introducción la importancia del Plan Concertado como garantía, a través de la cofinanciación, de unas prestaciones adecuadas para unos servicios básicos en todo el territorio estatal. Una cofinanciación que no cuenta ya, según Montero, con el compromiso del Gobierno de España.
Otro de los ejemplos de recorte de recursos por parte del Gobierno de España en materia social que ha citado la consejera ha sido el referido a la población gitana, con un nuevo “hachazo” en la convocatoria de subvenciones, a la que el Estado destina escasos 100.000 euros. “Todo esto sin entrar a valorar que el criterio de reparto de estas ayudas, ni queda claro ni entendemos que sea equitativo, dado que en Andalucía, según estimaciones de numerosos estudios, vive el 40% de la población gitana que habita en España”, ha añadido Montero.
De otro lado, la consejera se ha referido a la Ley de la Dependencia y ha recordado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy han supuesto que Andalucía deje de recibir del Estado por este concepto 89 millones de euros en 2012, recorte que se verá incrementado hasta los 125 millones de euros en 2013, como consecuencia de la supresión del nivel acordado y de la reducción del nivel mínimo, lo que hace que en dos años la comunidad andaluza deje de recibir 214 millones de euros.
“Estigmatización” de la ayuda por cuidados en el entorno familiar
Ante ello, María Jesús Montero ha avanzado que el Gobierno de Andalucía continuará impulsando medidas de “contrarreforma” para garantizar el bienestar de las personas en situación de dependencia en Andalucía, como la adoptada para minimizar el impacto de la reducción en un 15% aprobada por el Gobierno central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, de manera que en Andalucía esta reducción se quede en el 13,2%. Precisamente, la consejera ha acusado al Gobierno de la Nación de intentar “estigmatizar” y “penalizar” la prestación económica por cuidados en el entorno familiar con el proyecto de Real Decreto que se verá hoy en la reunión del Consejo Territorial.
Al mismo tiempo, y en relación con nuevas modificaciones previstas por el Gobierno, Montero ha considerado una “extralimitación” y una “invasión en el ámbito de la comunidad autónoma” el procedimiento que se pretende establecer para el reconocimiento del derecho, a través de la documentación que se quiere exigir que acompañe a las solicitudes. A su juicio, “se trata de una regulación forzada que introduce una excesiva burocratización que sólo aportará dificultad en el acceso de la ciudadanía a las prestaciones”.
Montero ha explicado que la presentación de algunos documentos pasa a ser obligatoria, como el informe de salud, el compromiso del cuidador y la documentación acreditativa de la capacidad económica, que hasta ahora no se exigían en la solicitud para el reconocimiento de esta Ley, un elemento que, en su opinión, introducirá mayor burocratización en el proceso y supondrá nuevas trabas en la aplicación de la Ley. Además, la Junta de Andalucía no comparte que los certificados de altas, bajas y modificaciones se exijan mensualmente, por invadir las competencias autonómicas de control de legalidad en los procedimientos de reconocimiento del derecho.
Del mismo modo, la consejera ha precisado que el Estado prevé un Real Decreto que se supone que regula el nivel mínimo, si bien no establece cómo se calculará el nivel mínimo de prestación para poder garantizar el derecho a la promoción de la autonomía persona y atención a la situación de dependencia.
Quiebra del principio de confianza
Para María Jesús Montero, la Ley de la Dependencia se basaba en los principios de buena fe y confianza entre administraciones, ya que el sistema se basa en compartir información, ceder y facilitar datos al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este sentido, considera que dicha confianza “se ha quebrado” con las certificaciones que se pretenden exigir. “Refrendar la legalidad de cada dato entra en aspectos de control de eficacia y legalidad que son competencia de la comunidad”, ha resaltado.
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