El pasado año hubo 208 asistencias jurídicas por acciones violentas contra profesionales de los centros sanitarios públicos andaluces

Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz del Salud (SAS) han recibido, a lo largo del año 2009, un total de 58 sentencias condenatorias relacionadas con agresiones sufridas por los profesionales de los centros sanitarios públicos, 18 de estas condenas incluyen la tipificación de delito de atentado. El resto, se dividen entre delitos de amenazas, falta de lesiones e injurias, entre otras. Con respecto a 2008, ha habido diez condenas más en las que los jueces incluyeron la tipificación de delito de atentado.
Este incremento se debe a que la Consejería de Salud dotó en el año 2005 a sus más de 95.000 trabajadores del ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz’, que comprende, entre otras muchas medidas, la asistencia jurídica inmediata a las víctimas de una acción violenta. De las 18 condenas recibidas por delito de atentado en 2009, ocho corresponden a Granada, tres a Cádiz, igual número que en Sevilla, dos a Almería, una a Jaén y también una a Málaga.

-Asistencias letradas
Por otro lado, desde el año 2005, los abogados del SAS han llevado a cabo 686 asistencias letradas en relación con las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios y no sanitarios en el desempeño de su trabajo en los centros sanitarios públicos.
Las atenciones jurídicas por este motivo han aumentado de manera considerable entre los años 2005 y 2009, en concreto, en 2005 hubo 68 asistencias en casos de agresiones por parte de los letrados del SAS mientras que en 2009 han sido 208.
De las 208 asistencias letradas prestadas a lo largo del pasado año, 113 correspondieron a profesionales que desarrollan su labor en centros de atención primaria, 63 a profesionales de los hospitales y 32 a profesionales de las áreas de gestión sanitaria. Los servicios jurídicos han advertido en el resumen anual del año 2009 que "tan sólo dos profesionales decidieron no seguir la vía jurídica tras sufrir una agresión; uno desistió de continuar con la denuncia tras haber puesto en conocimiento de la justicia su agresión, mientras que otro profesional agredido renunció desde el principio a la asistencia".
Por provincias, y en lo que respecta al año 2009, en Almería los servicios jurídicos han llevado a cabo siete asistencias letradas a profesionales víctimas de una agresión. En Cádiz hubo 18, en Córdoba 9, en Granada 57, en Huelva 9, en Jaén 15, en Málaga 32 y en Sevilla 61. Por su parte, en 2008, en toda Andalucía se prestó asistencia jurídica en 161 casos, de los que 12 correspondieron a Almería, 20 a Cádiz, 16 a Córdoba, 32 a Granada, 5 a Huelva, 7 a Jaén, 26 a Málaga y 43 a Sevilla.

-Agresiones
El SAS ha registrado entre enero y noviembre pasado un total de 712 agresiones a sus profesionales sanitarios y no sanitarios, de las que 183 fueron físicas. Por provincias, en Almería hubo 31 (13 físicas); en Cádiz 74 (21 físicas); en Córdoba 110 (41 físicas); en Granada 43 (19 físicas); en Jaén 68 (12 físicas); en Málaga 120 (22 físicas) y, en Sevilla 254 (53 físicas). En el mismo periodo de 2008, se contabilizaron 661, de las que 148 fueron físicas.
El Plan de prevención y atención de agresiones tiene el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo. Este Plan establece un protocolo de actuación, en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida que se aconseja es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario.
En el marco del Plan, el trabajador afectado contará, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. En cuanto a las medidas de seguridad, desde 2005 los centros sanitarios públicos han destinado más de 125 millones de euros a este capítulo, de los que 25 correspondieron al año 2009.